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La Junta aprueba la modificación del PGOU del crematorio mirandés

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La modificación puntual del PGOU solicitada por Servicios Funerarios de Miranda S.L. para regularizar la situación legal de la parcela donde en su día se levantó el horno crematorio ya tiene aprobación oficial.
Casi dos meses después de que el Ayuntamiento diera luz verde a la operación mediante votación plenaria, la consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León remitía el pasado martes la notificación del acuerdo mediante el que se da el visto bueno definitivo a una operación que anteriormente ya había recibido los correspondientes informes favorables.
De hecho, el proceso se ha ralentizado en sus últimas etapas a la espera del preceptivo informe de la comisión de Patrimonio, que a finales de pasado mes de marzo afirmaba que el cambio de calificación «no afecta a ningún área declarada Bien de Interés Cultural ni tampoco a bienes integrantes del patrimonio arqueológico».
Ahora, una vez superados todos los trámites administrativos, la empresa tiene vía libre para iniciar el proceso de obtención de licencias. De momento, el primer edil mirandés, Fernando Campo, aseguraba ayer que Servicios Funerarios de Miranda «está trabajando en el tema», aunque «no existe ningún plazo para desarrollar» el proyecto. «El suelo ya está calificado» como Urbano de Equipamiento (anteriormente estaba considerado Rústico con Protección Agropecuaria), por lo que se puede solicitar la licencia para la apertura del crematorio en cualquier momento.  
En este sentido, Campo vuelve a reiterar la postura ya adoptada meses atrás por el equipo de Gobierno. «Si se presenta y se ajusta a la nueva legalidad, les daremos la licencia».
Recurso judicial
No en vano, la intención del Consistorio desde que la instalación fue declarada ilegal por los tribunales siempre ha sido la de facilitar una solución al conflicto, aunque la iniciativa ha corrido a cargo de la empresa, que fue la que inició el trámite de modificación del PGOU. Pero la reapertura del crematorio no está asegurada, al menos de momento. No en vano, el asunto todavía está en manos de los tribunales, que hace varios meses confirmaron la ilegalidad de la instalación e instaron al Ayuntamiento a poner en marcha las medidas necesarias para derribarla.
En este sentido, Campo confirmaba ayer que todavía no se tienen noticias a respecto del recurso de interpretación de sentencia planteado por el Consistorio.  A este respecto, Campo señala que «se va a comunicar a la sala la nueva situación» generada tras la aprobación definitiva del expediente de modificación urbanística para que el juez la tome en consideración a la hora de resolver el recurso.
Mientras tanto, los vecinos contrarios a la instalación seguirán planteando su rechazo a la misma, aduciendo que el cambio de calificación de la parcela no es sino un intento de la empresa y el Ayuntamiento para burlar las sentencias firmes emitidas al respecto.




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