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El horno crematorio tendrá que desmantelarse

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El juez obliga al Ayuntamiento y a la empresa a sacarlo «fuera de las dependencias del tanatorio»

«Se ordena el desmantelamiento y traslado fuera de las dependencias del tanatorio del horno incinerador debiendo informar al juzgado por el órgano encargado del cumplimiento de las actuaciones llevadas a cabo para tal desmantelamiento a la mayor brevedad posible, una vez notificada a las partes la presente resolución y todo ello con expresa imposición de costas procesales de la presente instancia a la parte apelante». Es la respuesta de la sala de lo Contencioso Administrativo Número 1 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y Servicios Funerarios de Miranda SL contra el auto en el que se exigía la demolición de las instalaciones, dictado el pasado 7 de octubre.
El escrito, de doce folios, al que ha tenido acceso EL CORREO, «estima parcialmente el recurso de apelación» que interpusieron empresa y consistorio. Pero sólo parcialmente. En su argumentario planteaban que la demolición era innecesaria. Los servicios jurídicos municipales interpretaron que bastaba con la clausura y precinto frente a la exigencia de los vecinos de que el nuevo edificio fuese derribado y el horno sacado del mismo. El fallo, que ayer fue comunicado a las partes oficialmente, y que tiene fecha de 29 de abril, si bien no emplaza a echarlas abajo sí deja claro que el horno no puede continuar en el recinto que venía ocupando junto al tanatorio.
Es otro revés serio para el Gabinete de Fernando Campo. Primero porque ratifica que los residentes en el entorno más inmediato del crematorio y la Asociación de Vecinos de El Crucero han ganado incluso la última batalla de un conflicto que llevaron a los tribunales hace casi cinco años. La resolución es firme; «Contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno». El contratiempo tiene también otro calado: llega en un momento inoportuno políticamente para la sede de Ciudad de Haro -a tres días del inicio de la campaña electoral-.
Y lo hace cuando el proceso administrativo que se abrió desde el Ayuntamiento para restablecer el servicio en el mismo lugar, ha recibido los dictámenes favorables de Patrimonio y el Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. La parcela de 9.122 metros cuadrados situada en el número 63 de la carretera de Orón, de Suelo Rústico con Protección Agropecuaria tiene ya la condición de Suelo Urbano Consolidado.
Hay cambio en el Plan General y, en teoría, puerta abierta para que la empresa reactive el crematorio. Pero el jarro acaba de arrojar agua gélida sobre este propósito: la justicia obliga a desmantelar justo cuando Servicios Funerarios SL tenía ya la plena cobertura de «una nueva legalidad»; contaba con un marco que le permitía solicitar la reapertura. «La sala es clara; tienen que quitar el horno de ahí y llevárselo fuera», subraya Jesús Ángel Sáez Redondo.
El abogado de los vecinos hace referencia a otro de los aspectos de la resolución judicial. Porque ésta también cita el cambio urbanístico. Pero no entra a valorarlo a fondo. En los fundamentos jurídicos, se plantea que «no procede entrar a examinar ahora si se ha procedido o no a hacer un cambio en el uso del suelo; lo que hay que hacer es cumplir la sentencia». Eso sí, se apunta que «en todo caso, estima que si las obras de edificación donde se instala el horno pudieran ser legalizables, que se inste expediente de legalización sobre la obra civil, no sobre el horno que -subraya- se tiene que sacar fuera».
Dos posibles caminos
Una reflexión que puede tener dos efectos posibles. Al no valorar de lleno la modificación del Plan General, el Ayuntamiento puede interpretar que el procedimiento que abrió meses atrás puede seguir adelante. Urbanísticamente, estaría legitimado para ello. La otra, cuando menos, podría llevarle a él y a la empresa a replantearse la idea de abrir de nuevo el incinerador en el mismo lugar.
Porque la comunicación enviada al TSJ de que la parcela tiene ya nueva condición jurídica, no ha logrado parar el golpe. En otras palabras, el horno llevaba ya más de un año clausurado y, pese a esta circunstancia, pese a la legalización del emplazamiento, se obliga a ir más allá; a no dejar huella alguna del horno. ¿Es coherente la modificación del PGOU con la sentencia que dictó?
Esa sigue siendo la gran pregunta. Porque no hay que olvidar los antecedentes. En febrero de 2010 el TSJ condenó al crematorio -que estaba en funcionamiento desde el 13 de junio de 2008- al invalidar el cambio de uso concedido por el Ayuntamiento al citado solar. El 5 de mayo, 16 días antes de que Alcaldía decretase la clausura para cumplir con la sentencia, se aprobó inicialmente, a petición de Servicios Funerarios SL, el cambio de clasificación. Arrancaba entonces un proceso totalmente reglado -con los votos de PSOE e IU y la abstención del PP- que se cerró administrativamente el pasado 14 de abril, cuando Urbanismo ratificó el cambio a Suelo Urbano Consolidado.
«La empresa está trabajando en el tema. El suelo ya está calificado y son ellos los que tienen que presentar la petición, pero no existe ningún plazo cerrado para que puedan hacerlo. Es lo mismo que sucede con cualquier suelo del Ayuntamiento. Si se presentan y se ajustan a la nueva legalidad les daremos la licencia». Esas han sido las últimas manifestaciones del alcalde sobre la polémica. El pasado día 20, cuando aún se esperaba a conocer este último fallo judicial, planteó que «indudablemente creo que, quien corresponda de la sala, debería valorar la nueva situación». Pero no ha sido así.




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